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jueves, 4 de enero de 2018

El director de Tráfico obliga a rectificar al subdirector de RRHH de la DGT y da la razón a un examinador que reclamaba sus derechos

Todo surge cuando la DGT solicita por urgente necesidad un examinador que voluntariamente quiera acudir a cubrir una plaza en Melilla. Dada la voluntad de servicio de este colectivo, que siempre que se le ha necesitado, ha presentado voluntarios para cubrir las necesidades más acuciantes, se presentó un examinador de Málaga para acudir a dicha ciudad autónoma. 

Como es habitual en estos casos y para que el examinador pueda pagar el desplazamiento y la estancia fuera de su domicilio, se le ofrece una indemnización por residencia eventual, ya que el funcionario estuvo 8 meses prestando servicios en Melilla. Esta indemnización es la normal y habitual en estos casos y se corresponde, como es lógico, con lo que aparece en la normativa de Función Pública. 

Además, por residir en territorios especialmente complicados por su aislamiento o alejamiento de la península, condiciones climatológicas o cuyas circunstancias generales de permanencia en ellos sean más penosas e ingratas, se percibe una indemnización por residencia en territorio nacional en lugares como las Islas Canarias, Islas Baleares, Valle de Arán, además de Ceuta y Melila. Esta segunda indemnización que aparece en las normas de Función Pública fue incomprensiblemente negada por escrito por el actual subdirector de RRHH del organismo de Tráfico en el caso de este examinador que se desplazaba a Melilla. 

El funcionario, asistido por el abogado de la Asociación de Examinadores de Tráfico (ASEXTRA), presentó recurso de alzada ante el director general de Tráfico, paso previo a presentar un recurso Contecioso-Administrativo ante los tribunales dada la injusticia de la negativa a pagar algo que es absolutamente legal y figura establecido en las leyes.

El caso es que el pasado 2 de enero el funcionario afectado recibió la resolución del recurso de alzada en el que el director de Tráfico, Gregorio Serrano le daba la razón y desautorizaba al subdirector de RRHH en su negativa a reconocer algo que es de justicia. 

Nos alegramos por esta decisión que esperamos sea el principio de un cambio de talante con este colectivo de examinadores, tristemente acostumbrado en los últimos años a tener que luchar incluso por los derechos más básicos.

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