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miércoles, 19 de marzo de 2014

Los chóferes de altos cargos denuncian presiones para incumplir las normas

El Ayuntamiento de Madrid ha dejado de hacer la vista gorda sobre las infracciones que hasta ahora cometían los chóferes de altos cargos —aparcamientos en doble fila, exceso de velocidad, utilización del carril bus o circulación por zonas restringidas para residentes— y ha incrementado notablemente las sanciones. En septiembre, el Parque Móvil del Estado, organismo que gestiona este servicio en la administración central, recibió en una sola semana hasta 30 multas, lo que disparó el malestar de los conductores, que tienen que pagarlas de su bolsillo y se sienten presionados por sus jefes para saltarse las reglas.

Más de 200 funcionarios de una plantilla de poco más de 700 personas han firmado un escrito donde lo denuncian: “A menudo el usuario del vehículo oficial insta a trasgredir alguna de esas normas en beneficio de la rapidez, comodidad o simple deseo del mismo”. Los conductores no disimulan que suelen aceptar los abusos de poder: “La cuantía de nuestra nómina depende en gran medida de aceptar las peticiones, oficiales o no, de los usuarios de nuestros coches, que se convierten así, en nuestros jefes”.

Una parte del salario de los chóferes procede de los pluses que se les asignan por ser flexibles en horario y atender a los altos cargos —como secretarios de Estado, ministros o magistrados—. En su misiva, que no está firmada por ningún sindicato, los conductores solicitan del Parque Móvil que “informe o reitere a los usuarios de coches oficiales”, que no solo no están eximidos de cumplir las normas de tráfico, sino que precisamente, deben “extremar la pulcritud en su cumplimiento”. Debido a esta situación, que les plantea la disyuntiva entre “pagar multas o renunciar a ciertas productividades”, también exigen al organismo dependiente del Ministerio de Hacienda que “habilite una vía administrativa” por la que los conductores puedan “denunciar los abusos y presiones” a las que pudieran estar sometidos “sin que salgan perjudicados ni nuestro sueldo, profesionalidad o dignidad por ello”. Creen que “por esta misma vía los usuarios podrían denunciar a los conductores que consideraran que no realizan correctamente su labor”. (Información completa)
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